En Lebu construyen casas ilegales sobre cortafuegos que protegen a la población
Una ocupación ilegal con 58 casas construidas en un cortafuegos de tres kilómetros en la
comuna de Lebu, provincia de Arauco, ha generado una preocupación entre vecinos y
autoridades. Se trata del sector de Trancalco, cercano al lugar donde el sábado pasado fue
atacado un helicóptero de la empresa Arauco que combatía un incendio y donde se
produjo un procedimiento policial por robo de madera.
El Delegado Presidencial Provincial de Arauco, Humberto Toro, manifestó que “este año la
provincia presenta menos incendios forestales y hectáreas afectadas, por lo que este tipo
de acciones aumenta el riesgo de afectación a familias y sus viviendas, ya que no permite
cumplir el objetivo preventivo de los cortafuegos”.
“Hoy existe una ley de usurpaciones, y por lo tanto en esa ley las tomas no sólo están
prohibidas, sino que ahora los tribunales solicitan el desalojo y las personas en flagrancia
son detenidas. No pongamos en riesgo al mundo rural y a las personas que viven en las
ciudades y que están cercanas a los riesgos de incendios”, enfatizó la autoridad provincial,
quien llamó a la comunidad a denunciar cuando se vea a personas provocando algún
incendio forestal.
Por su parte, el Presidente del Departamento de Protección del Bosque Corma, Ramón
Figueroa, señaló que “la infraestructura que las empresas forestales crean para proteger a
la población de los incendios, es vulnerada y transformada en tomas ilegales. Necesitamos
que la autoridad actúe de manera rápida y se aplique todo el peso de la ley a esta gente
que está cometiendo este delito”.
Un cortafuego es una franja de terreno despejada de vegetación y materiales
combustibles, con un ancho aproximado entre 80 a 100 metros, diseñada para detener o
reducir la propagación de incendios. Su función principal es actuar como una barrera física
que evita que el fuego avance hacia zonas habitadas, infraestructuras críticas o áreas de
valor ambiental.
Esta problemática es la misma denunciada anteriormente por Corma, en el sector El
Molino de Dichato, en la Región del Biobío, donde vecinos ampliaron ilegalmente sus
viviendas hacia la faja de resguardo que separa la población del bosque.
El Presidente de Corma Biobío y Ñuble, Alejandro Casagrande, explicó que, “enero de
2025 ha sido el mes más violento desde agosto del año pasado con siete atentados. En la
comuna de Lebu, sector Trancalco, convergen una serie de delitos que han afectado
gravemente al sector forestal: usurpaciones de terrenos, en este caso, de cortafuegos, que
son infraestructura clave para la prevención de incendios, incendios intencionales,
ataques armados, como el ocurrido contra un helicóptero, y robo de madera”.
El líder gremial hizo un llamado a las autoridades, “necesitamos que se aplique el máximo
rigor de la ley. En el caso de las usurpaciones de cortafuegos, es urgente despejarlos para
que puedan cumplir su función preventiva y proteger a las personas, a los vecinos y
vecinas de la zona, y a la naturaleza”, concluyó Casagrande.
