Cámara aprueba “proyecto Berger” que garantiza financiamiento a los Cosoc
Con 125 votos a favor y sólo siete abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución 652 del diputado de RN Bernardo Berger que propone otorgar financiamiento monetario individual a las personas naturales que integran las agrupaciones de Interés Público, entre ellos, los Consejos de la Sociedad Civil (Cosoc).
La propuesta fue sancionada por la sala esta semana, luego de la defensa que de ella hizo el legislador por Los Ríos. En particular, pide efectuar una enmienda a la Ley 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, especificando que los órganos de la administración del Estado que establezcan sus respectivos consejos de la sociedad civil, “deberán asegurar el financiamiento monetario necesario para las personas naturales integrantes de los mismos a través de su correspondiente directiva”.
En su argumentación, Berger sostuvo que “en este tipo de materias la visión es clara: nos interesa avanzar en fortalecer la participación social en la construcción del país y el perfeccionamiento de sus instituciones y su democracia. Pero también, nos importa que esa construcción sea con una mirada especial y particular desde Las comunidades”.
Agregó que “por aquí va el camino correcto cuando hablamos de fortalecer la participación ciudadana: robusteciendo las organizaciones funcionales y territoriales, acercando la toma de decisiones a las personas, abriendo espacios de diálogo institucionalizados; pero a la vez, garantizando que se haga en condiciones justas y accesibles para todos quieren ser parte de la cuestión cívica.
Este tipo de agrupaciones no han contado con los recursos suficientes para llevar a cabo el cometido encomendado por mandato de la ley, señala el texto de la iniciativa. “La participación en las actividades devengadas de esta política pública generan costos directos y de oportunidad para los dirigentes que componen estas agrupaciones de interés social, como lo son traslados, asistencia a reuniones con autoridades y funcionarios, uso de espacios y recursos propios, horas laborales y personales”, detalla.
Se plantea que, además, la participación en estas actividades también generan detrimento en las remuneraciones eventuales que podría haber percibido el dirigente, de haber dedicado ese tiempo a una actividad pagada.
