Expertos reflexionaron sobre la protección a los derechos de personas privadas de libertad
Reflexionar sobre los principales desafíos del Estado para hacer una efectiva protección a los derechos de las personas privadas de libertad, fue la finalidad del conversatorio titulado «Estrategias para la prevención de la tortura. Bases para la construcción de una cultura de un trato digno para las personas privadas de libertad».
La prohibición absoluta de la tortura y los otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es uno de los pilares fundamentales para la convivencia pacífica, en el marco de los estados democráticos de derecho. Pese a todos los esfuerzos realizados por la comunidad internacional y los Estados, la tortura sigue existiendo, la cual se torna especialmente grave en los sistemas penitenciarios.
La actividad fue organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), los 50 años del golpe de Estado y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y se realizó el viernes 12 de mayo, a partir de las 9:30 horas, en la Sala de Plenarios de la Facultad de Derecho UACh.
El conversatorio contó con la presencia del presidente del CPT, Sebastián Cabezas; el jefe regional del INDH, región de Los Ríos, Sebastián Smart; del experto y encargado del área penitenciaria CPT, Luis Vial; Defensora Penal Penitenciaria, Marcela Tapia y de los académicos de Derecho UACh, Dr. Alberto Coddou y Dr. Gustavo Beade.
El profesor Alberto Coddou dio la bienvenida en representación de la Decana de la Facultad, Dra. Daniela Accatino, quien destacó la relevancia de realizar el conversatorio como parte de las actividades conmemorativas de los 50 años del golpe de Estado y cuyo objetivo es aportar a la reflexión y a la memoria acerca del quiebre de la institucionalidad democrática y las violaciones a los Derechos Humanos.
El profesor Coddou agregó que, el conversatorio se presenta como una invitación a reflexionar sobre los desafíos del Estado para hacer una efectiva protección a los derechos de las personas privadas de libertad.
“Esta prohibición de torturas y de otros tratos, constituye uno de los pilares fundamentales para la convivencia pacífica en el marco de los Estados democráticos de derecho y pese a todos los esfuerzos que hemos realizado a nivel nacional e internacional y, las instituciones que están hoy acá, dan cuenta de que se siguen cometiendo actos de torturas y esa constatación ha sido un impulso para que la comunidad nacional e internacional, mediante sus instituciones, puedan prevenir que la tortura y los malos tratos, la violación de derechos, se sancionen se investiguen y se reparen”, añadió el académico.
Por su parte, el experto del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), Sebastián Cabezas, sostuvo que la relación indispensable y necesaria que hay entre la prevención y protección de los derechos de las personas privadas de libertad, y a propósito de políticas públicas como la Ley Naín Retamal se concluyó – que en este momento- hay que “desdoblar esfuerzos para hacer una protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad y para construir una cultura de respeto y dignidad hacia ellas”.
El jefe regional del INDH, Sebastián Smart, indicó que, “lamentablemente, las prácticas abusivas, como la tortura existen en casi todas las sociedades. Pero también hay evidencia que demuestra que hay intervenciones que se pueden hacer para prevenir y responder frente a este tipo de prácticas. Estos espacios son fundamentales para entender cómo distintos instancias como el INDH, la defensoría penal penitenciaria, el comité de prevención contra la tortura y la academia podemos y debemos trabajar en conjunto para prevenir y sancionar los actos de tortura. Cómo desde el conocimiento práctico y teórico podemos eliminar las oportunidades para que agentes estatales utilicen la tortura como formas de control social y político”.
El encargado del área penitenciaria CPT, Luis Vial, se refirió a la importancia de la relación entre el marco normativo, su aplicación y la práctica. Constatándose, importantes desafíos que tiene el sistema penitenciario para asegurar un resguardo efectivo de los derechos de las personas privadas de libertad en cárceles.
“La prohibición absoluta de la tortura y los otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es uno de los pilares fundamentales para la convivencia pacífica en el marco de los estados democráticos de derecho. Pese a todos los esfuerzos realizados por la comunidad internacional y los Estados, la tortura sigue existiendo, la cual se torna especialmente grave en los sistemas penitenciarios.
Por su parte, la Defensora Penal Penitenciaria, Marcela Tapia, agradeció la instancia de conversación sobre un tema tan delicado como lo es la violencia institucional carcelaria, la cual tiende a naturalizarse por la comunidad e incluso por las propias personas que son víctima de este tipo de abusos, que muchas vecen creen que se trata de consecuencias inherentes al castigo penal.
“Desde mi rol como defensora penitenciaria hice hincapié en que las personas presas se encuentran en una relación de derecho público con el Estado de manera que fuera de los derechos restringidos o limitados por la sentencia condenatoria, su condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres y por lo tanto conservan todos los demás derechos fundamentales”, puntualizó la defensora penal.
Por estas razones, el conversatorio sobre «Estrategias nacionales e internacionales para la prevención de la tortura en los sistemas penitenciarios», surgió como una invitación a reflexionar sobre los principales desafíos del Estado para hacer una efectiva protección a los derechos de las personas privadas de libertad.
