Finaliza proceso de participación ciudadana del anteproyecto de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental del río Valdivia
Establecer las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la protección de la cuenca del río Valdivia es un proceso que se inició casi 15 años atrás cuando la CONAMA decretó la medida para evitar que un desastre ambiental como el acontecido en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo, producto de la actividad de la planta Celulosa Arauco, volviera a ocurrir.
Luego de una serie de procesos judiciales que determinaron la imposibilidad de la entrada en vigencia de éstas normas, el instrumento tuvo que retrotraer su proceso, estableciéndose con ello la aplicación de una Consulta Indígena a aquellas comunidades susceptibles de ser afectadas por la normativa.
De esta forma el Ministerio del Medio Ambiente realizó un nuevo Análisis General de Impacto Económico Social, un nuevo proceso de participación ciudadana y una consulta indígena, la cual finalizó recientemente con el acta de acuerdos y desacuerdos.
Con este proceso finalizado, se convocó al Comité Operativo y al Comité Operativo Ampliado, quienes realizaron su primera sesión el pasado viernes 3 de diciembre. El objetivo de ello es socializar los acuerdos y desacuerdos de la consulta indígena y el proyecto definitivo con los integrantes del comité, entre ellos Servicios públicos, ONGs, academia, empresas y comunidades indígenas.
Respecto a ello el SEREMI de la cartera ambiental, Daniel Del Campo señaló: “La Norma del Valdivia es una deuda del Estado con la protección de nuestros ríos y Santuario, que como gobierno hemos impulsado desde hace muchos años y que prontamente tendremos una respuesta concreta”
Consulta Indígena
En el mes de septiembre de 2018 la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, firmó la resolución que dio inicio a este proceso de consulta. Confirmando de esta forma la importancia que este proceso tiene para el gobierno y para el Ministerio del Medio Ambiente, en especifico la importancia de desarrollar un proceso técnico acucioso pero a la vez participativo y estrictamente apegado a la ley, en el marco del convenio 169 de la OIT
La consulta contempló en cada región las siguientes etapas: Planificación; Entrega de información y Difusión; y Deliberación Interna. Posteriormente, con un grupo mas acotado de representantes de las comunidades que fueron parte del proceso, se desarrolló la etapa de Diálogo.
Las comunidades partícipes del proceso se encuentran asentadas en las comunas de San José de la Mariquina, Lanco, Los Lagos y Valdivia en la región de Los Ríos y Loncoche y Villarrica en la región de La Araucanía. En total se invitó a 128 asociaciones y comunidades indígenas de ambas regiones. Se realizaron un total de 66 reuniones en las 4 etapas del proceso convocando a más de 275 personas en todo el proceso cuya duración fue de casi 3 años.
La labor del ministerio para sacar adelante este proceso fue de trabajar con estricto rigor técnico y legal, siempre velando por la buena fe y el buen dialogo. De esa forma Del Campo describe la orientación del proceso de consulta desde el ejecutivo, agregando que “un tremendo aprendizaje del MMA y las comunidades que por la vía del dialogo logramos grandes consensos.”
Este proceso no estuvo exento de los problemas que generó la pandemia, siendo interrumpido durante un período. No obstante lo anterior, la Secretaría Regional nunca perdió contacto con los representantes de las comunidades, retomando durante el año 2021 las actividades y prestando todas las facilidades para que, a través de vías telemáticas, se pudiera llegar a un documento final que se materializó en el acta de acuerdos y desacuerdos. Recordemos que dicho documento tiene el carácter de vinculante, y deben ser considerados en la definición del proyecto definitivo. Luego de ser socializado con el Comité Operativo y el Comité Operativo Ampliado, se presentará al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Posteriormente el ejecutivo genera el Decreto Supremo que pasa por presidencia y finaliza su tramitación con la toma de razón de Contraloría y posterior entrada en vigencia.
