Proponen trasladar función administrativa del Poder Judicial a cuatro órganos autónomos
Precisiones, propuestas y observaciones a las enmiendas presentadas en la subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos respecto al Poder Judicial, expuso el Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, junto a la ministra vocera del tribunal Ángela Vivanco y el ministro Leopoldo Llanos.
Durante la sesión se abordaron materias relativas a la estructura del Poder Judicial, que proponen separar la función administrativa radicada en la Corte Suprema de la función jurisdiccional propiamente tal, para lo cual se crearán cuatro consejos. Uno encargado de los nombramientos del Poder Judicial, otro órgano encargado de la disciplina, formación y perfeccionamiento de los jueces (tarea que hoy desarrolla la Academia Judicial), junto a uno que se ocupará de la gestión financiera. Estas enmiendas buscan evitar la concentración de las decisiones.
Los magistrados del máximo tribunal manifestaron su conformidad con la propuesta que promueve sacar de las funciones de los jueces todo aquello que no corresponda a la administración de justicia, pero expusieron la necesidad de establecer algún grado de participación en el funcionamiento de los órganos que se proponen.
“Nosotros inicialmente planteamos, lamentablemente no fue recogido así, que el órgano del gobierno judicial debía ser uno solo. Asumimos que van a haber órganos autónomos del gobierno judicial, donde lo importante es que estos órganos se harán cargo de aquellas funciones que no son jurisdiccionales, entregando a los tribunales de justicia -no sólo a la Corte Suprema-, la función primordial de impartir justicia”, señaló el ministro Llanos.
A lo anterior, precisó que “la existencia de un órgano coordinador -de los cuatro entes autónomos- es fundamental, el cual debe tener algunas facultades resolutivas, puesto que pueden surgir algunas cuestiones donde es necesario que exista una suerte de autoridad superior que también imponga algunos criterios o resuelva algunos conflictos que eventualmente pudieran surgir respecto de las competencias de cada uno de estos órganos autónomos”.
Por su parte, la ministra Ángela Vivanco señaló que “nos parece muy importante que los temas se hayan ido desarrollando. Ahora vemos enmiendas que se refieren a bastantes temas que nosotros habíamos planteado, que en el texto original no estaban. Nosotros no hacemos ni objeciones, ni reparos, porque no nos corresponde; lo que hacemos son comentarios en aquellas materias en que pensamos le falta desarrollo o que pueden generar algún tipo de conflicto o situación compleja”.
La comisionada Catalina Salem destacó que varios de los puntos que había señalado la Corte Suprema fueron acogidos, como “separar la función jurisdiccional de la no jurisdiccional, lo que se hizo con la finalidad de reforzar la independencia interna de los jueces”.
Salem expuso que se busca que “cada vez que un juez resuelve un asunto y administra justicia no esté preocupado de que su superior jerárquico lo va a sancionar disciplinariamente o va a ser el encargado de sus nombramientos y traslados”; esto porque la decisión de un juez es apelable a un tribunal superior, que es el mismo que –luego- evalúa. Ahora, dijo Salem, “un órgano autónomo se encargará de esas labores no jurisdiccionales”.
A juicio de la comisionada Leslie Sánchez, “la Corte Suprema planteó algunas preocupaciones respecto a las enmiendas ingresadas, pero lo positivo es que son preocupaciones muy coherentes con las que han presentado otros colegas profesores de derecho constitucional que se dedican al Poder Judicial”.
“Siempre es conflictivo saber quiénes van a integrar estos cuatro órganos que van a empezar a coordinar, de manera innovadora y nueva en Chile, a toda la estructura judicial. Quiénes lo van a integrar es algo que hay que definir. O le mandamos esa labor al legislador, para que lo haga el Congreso Nacional más adelante o lo definimos nosotros”, expuso Sánchez.
